Población urbana en México

Eduardo Gómez Gómez

Hace unos meses, la Sedatu publicó su informe Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, en el que presenta los nuevos resultados de la evolución de las zonas metropolitanas para el país y para ese año.

En él, hace un breve recuento de la evolución de tales zonas a lo largo del tiempo. Tras establecer que los datos no son estrictamente comparables, presenta una tabla en la que homologa una serie de criterios para su revisión. Perfila las zonas metropolitanas a partir de las primeras delimitaciones de áreas urbanas con una ciudad central, con base en el estudio de Luis Unikel de 1978 (El desarrollo urbano de México, El Colegio de México). Con tal referencia, la Sedatu señala que en 1960 había en el país 12 conurbaciones que superaban los límites políticos administrativos de un municipio. Estas 12 ciudades metropolitanas incluían a 64 municipios del país, se repartían en 14 estados, y concentraban 9 millones de habitantes (el 25.6% de la población nacional de entonces).

Para 1980, toma como referencia los estudios de Negrete y Salazar de 1986 (“Zonas metropolitanas en México”, Estudios Demográficos y Urbanos, vol. I, núm. 1) con base en el cual refiere que hay 26 zonas metropolitanas que abarcan a 131 municipios en 20 entidades, y que concentraban entonces a 26.1 millones de habitantes (esto es el 39.1% de la población nacional).

Para la demarcación de 1990, la fuente es el estudio de Sobrino de 1993 (Gobierno y administración metropolitana y regional, México, INAP), quien identificó 37 áreas urbanas que rebasaban los límites territoriales de un solo municipio, generando conurbaciones en 26 entidades del país, y que concentraban a 31.5 millones de habitantes (38.8% de la población nacional).

A partir de 2000, la delimitación se realiza por parte del gobierno federal, a través de la Sedesol (en la versión de 2015, es cambiada por la Sedatu), el Conapo y el Inegi.

De esta forma, entre 1990 y 2015, conforme a la delimitación oficial, México pasó de 37 a 74 zonas metropolitanas (se duplicaron), de 155 a 417 municipios que las conforman (se multiplicó por 2.69 el número de los municipios), y de 31.5 a 75.1 millones de habitantes (se multiplicó por 2.38 la población concentrada en ellas).

En el mismo lapso, las zonas metropolitanas pasaron de concentrar el 38.8% de la población del país a 62.8%.

En los 25 años que corresponden a ese periodo, México ha cambiado notablemente su configuración territorial, social y económica. Los procesos migratorios del campo a la ciudad no se detuvieron en los límites de las ciudades más cercanas a las localidades agrícolas; ni siquiera la capital del país fue el único o principal centro de atracción de población, y aun así la Zona Metropolitana del Valle de México se extendió a 76 municipios, y concentró a 20.8 millones de personas en 2015. En ese lapso, varias otras zonas urbanas se consolidaron, otras emergieron y otras más se estancaron.

Otra proporción importante de la población migró hacia las ciudades estadounidenses.

Así, la migración ha sido un fenómeno crucial para profundizar en la comprensión del fenómeno metropolitano. Y ese fenómeno trae aparejados otro tipo de problemáticas de orden político y administrativo, tales como la misma concepción del diseño y administración de la ciudad, la atención a sus perspectivas de desarrollo y el reconocimiento de su dinámica actual.

La coordinación de las acciones para regular y optimizar las conurbaciones ha sido un reto general no sólo para nuestro país, sino para todas las naciones del mundo con aglomeraciones urbanas. Es un hecho que cada país ha buscado diseñar sus propios instrumentos para manejar esa problemática, y el nuestro no es excepción. Pese a ello, las acciones gubernamentales tienden a verse lentas en comparación con el ritmo de desarrollo urbano y con la dinámica de inversiones de cada una de las ciudades que, de la mano de la especulación inmobiliaria, expandieron las manchas urbanas sin atención a la provisión de servicios básicos. En todo caso, el gobierno es responsable de la provisión de servicios públicos, de su calidad y alcance.

Pese a ello, algunos gobiernos facilitaron la concesión de algunos de estos servicios a particulares, con la garantía de ofertar en forma monopólica servicios que ya eran de por sí deficientes. De esta forma, además de la falta de coordinación para asegurar una adecuada configuración de una ciudad, también hay que agregar la deficiente disponibilidad de servicios públicos que, para convertirlos en negocios particulares, se les conceden para su administración. Entonces, ¿dónde está el dominio del interés público en autoridades de gobiernos estatales y de municipios metropolitanos que no fomentan la coordinación intermunicipal y que priman los intereses de particulares al concesionarles servicios públicos que esas mismas autoridades deberían de asegurarse de mejorar?

eduardo.gomez@agendaterritorial.com